Por ECNoticias
Rodrigo Izurieta, vicepresidente de la Cámara de Minería del Ecuador, enfatizó en la satisfacción que representa para el gremio retornar a las actividades dentro de la nueva normalidad y recuperar el contacto con todos los sectores que componen la industria minera.
Sobre la atención que el Gobierno Nacional ha brindado a la minería, el directivo destacó la suerte con la que Ecuador tiene al contar con recursos clave “que se deben aprovechar en este momento de transición hacia la energía limpia; en el que se requiere de minerales importantes” de los que el país puede ser un proveedor. “La industria minera ya representa más de la mitad de la inversión extranjera que llega al país; es el cuarto rubro más relevante en exportaciones y su impacto económico es importante”, destacó.
A criterio de Rodrigo Izurieta, los beneficios que la industria minera le ha propiciado al país se evidencia con el pago del 60% de regalías que, por ley, se reinvierte en las zonas de influencia de la industria. “Aunque no hubiese la disposición legal, las empresas mineras sí consideran importante retribuir a la comunidad donde operan”; aseguró al recordar que, previo a la llegada de Lunding Gold al proyecto Fruta del Norte, en la provincia de Zamora, el sueldo mínimo de los habitantes de la zona era de $400, mientras que por el desarrollo de actividades mineras esa cantidad se ha triplicado, llegando a los $1.400. Existe, además, el compromiso de la empresa de invertir no menos de $600 mil para la conectividad de la comunidad.
Pese a resultados positivos y compromisos claros de las empresas mineras de crecer junto a las comunidades, la resistencia de algunos dirigentes, a la llegada de las industrias, aún es evidente. Las razones no son simples: “ha existido abuso de la desinformación”; principalmente de la consulta previa. De acuerdo con Rodrigo Izurieta, la consulta previa es una disposición constitucional que se debe ejecutar solo si la comunidad es no contactada y vulnerable; debe ejecutarse desde el mismo Estado (no de parte de las empresas mineras), y sus resultados no son vinculantes. “La consulta previa no es para toda actividad minera y no debe aplicarse en todas sus fases”, ratificó.
En torno al Decreto Ejecutivo 151 para la reapertura del catastro minero, el vicepresidente de la Cámara de Minería del Ecuador aseguró que el documento marca el norte para la industria y brinda garantías para la inversión extranjera. “Se esperaría que en enero de 2022 se destraben las concesiones que quedaron detenidas, y que desde junio próximo se generen nuevas peticiones de concesión”, aseguró.
Sobre Ecuador Open for Business y la apertura al desarrollo de inversiones en el sector minero que en ese marco se propició, Rodrigo Izurieta precisó que se tratan de concesiones que ya estaban otorgadas, lo que se viene es una inversión adicional, no menor a laso $1.000 millones, para la factibilidad de construcción y operación.
Sobre el futuro de la minería en 2022, “el único riesgo es que el ministerio del Ambiente no avance en la entrega de permisos”, dijo el vocero de la industria minera para quien las peticiones de gremios indígenas, en relación a poner fin a la actividad minera, no son obstáculos reales, pues la industria se ha encargado de demostrar la mayor parte de la ciudadanía está más de acuerdo que en contra de la minería. Entre las razones para esta percepción está el hecho de que la minería tiene un multiplicador de 1.7, uno de los más altos en el mundo, con respecto al trabajo, a la provisión de servicios, el turismo, entre otros.
