Por ECNoticias
El viceministro de Minas, Xavier Vera Grunaüer detalló los acuerdos alcanzados la semana pasada con la empresa canadiense Lumina y SolGold. En el caso de SolGold, por $430 millones, en 10 años, para exploración minera en el proyecto Cascabel (provincia de Imbabura), que será más grande que Mirador. Su vida útil es de 66 años y solo cuando se construya la mina en 2024 se espera la llegada de $3 mil millones. Estamos buscando esas inversiones que se ejecuten a través de una operación que sea responsable”, destacó.
Pese a que dentro de los acuerdos logrados en Ecuador Open For Business faltó el proyecto Loma Larga, la suscripción de esos nuevos documentos estaría lista para finales de año; con lo que se garantizarán $835 millones para el sector minero. Las buenas noticias de la inversión minera se combinan con los logros de la exportación de minerales: a septiembre de 2020 se contabilizaron $1.100 millones, y prevemos que el 2021 cierre con $1.600 millones, resultado con el que la industria minera se coloca en el cuarto puesto de la balanza comercial; mientras las expectativas no desmayan, pues para el 2025 se espera que las exportaciones mineras alcancen los $4.500 millones con los proyectos Loma Larga, Curipamba y la Plata, en exploración y explotación.
Sobre la apertura del catastro minero para el 2022, el viceministro Vera aseguró que se cumplirá por etapas. “506 trámites suspendidos se revisarán; el ministerio emitirá un acuerdo para arrancar el trámite en enero y se entregarán los títulos de concesión. Paralelamente se revisará el 25% de la data que no tenía consistencias, según estudios del 2019, y trabajaremos procesos precontractuales para la contratación, mediante concurso, de una consultoría con la que se generará un sistema de gestión minera”.
“La minería responsable es la solución que proponemos para el futuro. La intención del gobierno de Guillermo Lasso es lograr que las nuevas generaciones, nuestros nietos, gocen de los ingresos que generará el sector minero”, dijo el viceministro pese a que reconoció que la explotación minera arranca tarde en nuestro país, a comparación de países como Chile y Perú, cuyos potenciales mineros son de $36 mil millones y $21 mil millones, respectivamente.
En torno a permisos ambientales, Vera Grunaüer aseguró que los trámites represados en el ministerio del Ambiente se despacharán en un 60% mediante acuerdos con la empresa privada, con el objetivo de brindar dinamismo a los procesos. Sobre la consulta previa ,libre e informada que el Estado debe realizar en comunidades de influencia en la explotación de minerales, ratificó que “el gobierno no está en contra, pero debemos marcar la cancha para saber dónde están las comunidades que la requieren, y hay que definir reglas de cómo serán las consultas. Si el tema se encamina en un ganar-gana, con beneficio para las comunidades, el camino será positivo, pues lo que el Gobierno quiere es bienestar de todos”.
